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El gremio agroexportador sostiene que la ley de Promoción Agraria ha producido impactos muy importantes en el ámbito económico productivo, así como en el social. En 20 años ha logrado generar cientos de miles de empleos formales sobre todo el empleo femenino que ha permitido el empoderamiento de la mujer gracias a que ahora puede acceder a un trabajo remunerado, mientras que en el pasado se dedicaba a una tarea de subsistencia. Asimismo, logró la real descentralización económica de muchas regiones del Perú y la disminución de la pobreza sobre todo en las zonas rurales donde desarrolla sus actividades además de haber convertido al Perú en líder mundial exportador de productos agrícolas.
Las propuestas de los empresarios agroexportadores para la nueva Ley Agraria son:
La actividad agraria sólo es posible con un régimen que reconozca la temporalidad en la forma de contratación del personal. Los ciclos naturales de las plantas obligan a realizar labores en campo y plantas de procesamiento (siembras, podas, cosechas, embalaje, entre otros) que demandan una cantidad de trabajadores variable por labor específica a lo largo del año. Por ejemplo, una hectárea en el cultivo de uva de mesa puede necesitar 1 o 2 personas en el mantenimiento del cultivo, pero requerirá 8 personas en la época de cosechar y empacar. Es por ello que no considerar la temporalidad en la contratación condena a la desaparición a la agricultura formal.
El régimen laboral agrario tiene que reconocer la naturaleza estacional y temporal o discontinua del sector agrario.
Mediante la Ley Nº 31087 se derogó la Ley Nº 27360 – Ley de Promoción Agraria y sus modificatorias, aplicándose actualmente el régimen general del DL Nº 728 y por ende las gratificaciones y CTS se pagarán de forma separada al ingreso diario del trabajador.
Por ello se debe modificar el régimen de remuneración integral, eliminando para el trabajador agrario, la restricción de 2 UITs indicado en DL Nº 728 artículo 8, así el que voluntariamente lo desee, podrá recibir una remuneración integral diaria o con la periodicidad que acuerden las partes.
Además, se debe incluir que los trabajadores tengan el derecho a recibir la CTS, las vacaciones y las Gratificaciones desde el primer día y no como lo considera actualmente el régimen general que es a partir de 30 días.
La Constitución Política del Perú, señala que toda persona tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a la ley y que la Remuneración Mínima Vital la regula el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores, para lo cual existe el Consejo Nacional de Trabajo.
Ante el pedido de establecer un incremento de la Remuneración Mínima Vital, según el BCRP, se debe evaluar cuáles son los criterios relevantes para la determinación del nivel óptimo que genere menores distorsiones a la economía y que eviten llevarla a una mayor informalidad. Por lo cual, la revisión de la RMV debería ocurrir sólo si la economía crece por encima de un nivel compatible con la absorción de los trabajadores que se incorporan a la PEA total nacional y relacionado con la productividad de la economía.
Hay dos factores que están especialmente relacionados a la productividad y, por tanto, al nivel de remuneración, especialmente en el agro: (a) la formalidad y (b) el tamaño de empresa. La evidencia muestra que, a mayor formalidad y a mayor tamaño de empresa, la productividad y los salarios son mayores. Ambas situaciones se han venido dando en la agricultura moderna en los últimos 20 años lo que ha originado que la Remuneración Formal Promedio Agropecuaria se aleje de la RMV, como se puede apreciar en el gráfico siguiente:
Por tal motivo, es importante implementar políticas que incentiven el flujo de trabajadores de los sectores hacia las actividades más productivas, tanto por la actividad económica, el tamaño de la empresa, como por su nivel de formalidad.
Debido a ello, se debe implementar medidas que permitan aumentar el empleo formal en el agro, apoyando el crecimiento de las empresas, con políticas salariales que les permitan ser sostenibles y crecer, aumentar su productividad vía la incorporación de nuevas inversiones tecnología; y, finalmente, el necesario control por parte de las autoridades.
No se pueden establecer incrementos compulsivos y dirigidos para el sector agrario; a pesar de ello, la única manera de incrementar la remuneración de manera obligatoria sería a partir del incremento de la RMV General.
Proponemos además que, según lo establecido en la Constitución, las iniciativas de incremento de la RMV se realicen en el marco del diálogo social tripartito del Consejo Nacional del Trabajo. En este diálogo se considera el dinamismo del mercado laboral, la capacidad y competitividad de las empresas, las competencias y características de los puestos de trabajo y de los trabajadores, etc. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados en este diálogo es que se podría aprobar, de ser el caso, una nueva RMV para todos los trabajadores del Perú.
Proponemos la gradualidad del incremento del aporte a EsSalud manteniendo la tasa de aporte a EsSalud el 2021 en 6% e incrementándola anualmente de la siguiente manera: 2022 a 7%, 2023 a 8%, 2024 a 9%.
Además, la disponibilidad de uso del sistema de salud debe ser inmediata – sin el período de 3 meses de carencia – así logramos que nuestros trabajadores gocen de cobertura completa del EsSalud.
Asegurar que nuestros trabajadores mantengan su derecho al Sistema Integral de Salud – SIS.
Instar a ESSALUD para que priorice el desarrollo de infraestructura para servicios de atención primaria en nuestras zonas de influencia que son rurales.
Las empresas deben proveer servicios higiénicos y comedores, adecuados para todos sus trabajadores.
Para las inversiones ya existentes un incremento gradual del Impuesto a la Renta durante los siguientes 10 años manteniendo el impuesto a los dividendos en el régimen general.
Para las inversiones nuevas, se les aplique una tasa del 15% por 10 años para luego llegar al 29.5% con un incremento escalonado.
Se debe diseñar un sistema que permita llevar adelante obras por impuestos o mecanismos similares para la dotación de servicios básicos.
Se debe reestablecer la tasa de 20% anual para las inversiones en infraestructura hidráulica y riego.
Se debe reestablecer la recuperación del IGV para la etapa preoperativa.
Proponemos prohibir efectivamente el uso de intermediación laboral (services) y el solo destaque o la mera provisión de mano de obra por parte de terceros en las actividades principales del sector y fiscalizar su cumplimiento.
1 0. Informalidad
– Fortalecer la SUNAFIL para que supervise todas las unidades productivas agrarias con sistemas geo referenciados en base a la información del SENASA y ejecute un plan público permanente del 100% de las unidades productivas del territorio peruano.
– Sanciones más severas a la informalidad en la contratación de personal.
– Para la construcción y proveeduría de infraestructura de educación, salud, agua y saneamiento, privilegiando las zonas rurales de los trabajadores agrarios y en beneficio del pequeño agricultor.
– Para la Incorporación de la agricultura familiar a las cadenas modernas productivas y de comercialización con la implementación de riego tecnificado e implementación de un modelo de asociatividad de mercado y de investigación y transferencia tecnológica.
– Extender los alcances del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) para el desarrollo de riego para todo el sector agro (déficit hídrico, cambio climático, proyectos de irrigación estancados)
– Compromiso de AGAP de implementar políticas de Género que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres del sector.
– Implementación de una Línea 0800 para quejas laborales a la SUNAFIL, Defensoría del Pueblo y a las empresas.
– Compromiso de AGAP a expulsar a aquellas empresas que incumplan con el Código de Conducta de AGAP.
– Compromiso de AGAP de crear un área dentro del gremio a cargo de auditar a las empresas asociadas en la correcta aplicación de las leyes laborales y código de conducta de AGAP.
– Impulsar la creación e implementación del Instituto de capacitación técnica agrícola de alcance regional con fondos del sector privado.
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