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  • viernes 26 de julio del 2024

Lo que esperamos del nuevo régimen

30 de julio del 2016

DESDE LA CHACRA
Escribe: Luis Zuñiga Rosas
Presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Majes-Arequipa
Con esperanzas renovadas como en cada período de cambio de gobierno, no obstante las tremendas frustraciones que hemos cosechado, incluso en el corto avance de este siglo, los 2´200,000 productores agrarios del país esperamos que por lo menos esta vez los ganadores de las elecciones para conducir a los poderes Ejecutivo y Legislativo honren sus solemnes planes electorales presentados ante la ONPE, así como  los compromisos adicionales que adquirieron durante  sus campañas proselitistas ante los pueblos y sus instituciones representativas.

  • Tal  cumplimiento debe ser el principal parámetro para juzgar éticamente al nuevo gobierno nacional presidido por el experimentado  economista Ph.D. y tecnócrata Pedro Pablo Kuczynski Godard, por el que —dicho sea de paso— nos jugamos aquí mismo en la fase definitoria del proceso electoral, así como al nuevo Congreso de la República con predominio absoluto del neofujimorismo
  • Por elemental sentido de dignidad y autoestima, las peruanas y los peruanos del campo nunca más debemos permitir un nuevo engaño político, menos aún a cambio de  un plato de lentejas para ciertos dirigentes sin escrúpulos e instituciones relajadas o pervertidas. Pues si lo hacemos habremos perdido el mínimo  respeto oficial  que merecemos para hablar y actuar en defensa o por la promoción del sector que alimenta al Perú entero y es —al mismo tiempo— el principal empleador productivo del país. Necesitamos preservar y/o recuperar ese respeto que conquistó limpiamente CONVEAGRO desde 1994 hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Lo requerimos para hacer entender al poder político que los productores podemos multiplicar geométricamente la generación de nuevos puestos de trabajo en el campo, con inversiones mínimas, si el Estado nos ayuda a levantar estructuralmente los bajos índices promedio de  productividad agraria y a diversificar la economía sectorial, sobre todo a través de la agroindustria rural, la reforestación, la agroforestería y  todas las alternativas posibles de siembra y cosecha de lluvias en los Andes, con proyección a las dos macrovertientes hidrográficas de nuestro territorio.
  • Sería indigno y suicida permitir una nueva estafa político-social, venga de donde viniese. Como ejemplo  doloroso de lo que puede  volver a sucedernos por mansos y estoicos está el gobierno traidor de la pareja Ollanta Humala-Nadine Heredia. El mismo no sólo incumplió soezmente todos sus compromisos electorales básicos ante el campo, sino también boicoteó a casi todos los proyectos legislativos que favorecían al agro y el país entero, como la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de incentivar las desleales importaciones agroalimentarias, mediante la virtual eliminación de la franja de precios para el arroz, el azúcar, el maíz amarillo duro y los insumos lácteos. Nunca antes gobierno alguno se atrevió impúnemente tanto, yendo incluso contra del artículo 63 de la Constitución y los ingresos arancelarios del fisco en pleno período de vacas flacas.
  • Y para rematar, el ollantanadinismo se aprovechó de los flujos y reflujos del reciente Fenómeno «El Niño» para malgastar varios millones de soles  en improvisadas y apresuradas «obras de prevención y mitigación». Pero por lo menos en el caso específico de nuestro río Majes, que sólo dos días llegó a tener menos de la mitad del agua que suele tener en la temporada de grandes avenidas, esas obras —construidas por 2´000,000 de soles— colapsaron ante la correntada. ¿Y el ministro de Agricultura y su gente?. Bien, gracias, pero con un serio agravante que el nuevo gobierno debe corregir: el MINAGRI no puede seguir con tanta gente concentrada en Lima Metropolitana, sin hacer prácticamente nada por el campo, pero usurpando o sobreponiendo funciones a los gobiernos subnacionales. Además, en las regiones el ministerio mantiene por lo menos 6-8 oficinas dependientes de Lima  y con más de 50 trabajadores cada una, locales alquilados, vehículos con choferes y otras  comodidades que no tienen los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Por qué no transferir esas dependencias a las regiones, incluso para evitar que muchos dirigentes agrarios tengan que viajar hasta Lima para hacer gestiones importantes?. ¿Es racional y descentralizador que el Ministerio de Agricultura mantenga tantas oficinas en cada región, con tanta gente que no hace nada importante?. Lima debería centrarse en la rectoría nacional del sector, la coordinación intergubernamental para no duplicar esfuerzos, la definición concertada de inversiones, el seguimiento de la ejecución presupuestal y la fiscalización de las obras, pero nunca más hacerlas en lugar de los gobiernos subnacionales.
  • Sin embargo, el gobierno saliente ni siquiera quiso reinstalar el Consejo Nacional de Concertación Agraria y sus homólogos regionales, sabiendo que en el período ministerial del recordado Ing. Agr. Alvaro Quijandría Salmón (Q.D.D.G.) esa instancia fue fundamental para el diálogo y el entendimiento gobierno-productores.
  • Ahora, en lo que concierne al Poder Legislativo, no basta tener en la mano las propuestas electorales de Fuerza Popular y Keiko Fujimori Higuchi, sino fundamentalmente la Constitución de 1993, aprobada por la mayoría fujimorista de  entonces, pero luego desacatada —por lo menos en lo que atañe al agro— por todos los gobiernos de turno. Ambos documentos son claves para ver la coherencia o incoherencia del neofujimorismo en el terreno de los hechos.
  • Dentro de este marco, es de esperar que las bancadas lúcidas del Congreso deroguen desde el saque  a la infeliz Ley No 30157 o  Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, impuesta entre gallos y media noche por el oficialismo cesante, con la complicidad del indescriptible y ahora apócrifo «presidente» de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, Carlos Peña Reluz. ¿Y para qué?. Sólo para terminar dividiendo a las juntas hídricas que antes conformaban la organización más sólida del agro. Por ello, precisamente, la gran mayoría de las 116 juntas registradas  logramos que la Autoridad Nacional del Agua, suspendiera la aplicación de dicha norma el 31 de marzo reciente. Sin embargo, hace pocos días el Ministro de Agricultura y el Presidente de la República forzaron un decreto supremo para obligar a cumplir la malhadada ley, incluso en contra del sentir mayoritario de

la agricultura bajo riego. Pero la derogatoria es ya casi un hecho.

  • Entretanto, los actuales dirigentes hídricos dejaremos nuestros cargos el 31 de diciembre, pero a las nuevas dirigencias y con una nueva ley que puedan cumplirla en beneficio de todo el sector.

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