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  • jueves 26 de enero del 2023

LA CEGUERA DE LOS CANDIDATOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

01 de marzo del 2016

 

Escribe: Ing. Juan José Vera del Carpio

Director Técnico de la Asociación “Kausa”

Hay creciente consenso en torno a que la modernización del país requiere una segunda ola de reformas estructurales, sobre las dadas —a partir de 1990— por el fujimorato y cuyas líneas maestras se mantienen vigentes y explican nuestro crecimiento sostenido en los últimos 24 años.
Hace poco, el economista y exministro Manuel Romero Caro escribió: “Tenemos un país que funciona muy bien en los aspectos macro (en Entorno Macroeconómico estamos en el puesto 23 de 140 economías monitoreadas por el Foro Económico Mundial(FEM), y en el puesto 30 en Mercado Financiero), pero muy mal en los aspectos institucionales. Es así que sobre un total de 140 países, el Perú se ubica en el puesto 135 en servicios de  Policía, 133 en crimen organizado, 130 respecto a confianza en la clase política y calidad del sistema educativo, y 133 en rigidez laboral. Y en desafíos en relación con la corrupción bajamos siete posiciones”. A partir de ello, el autor concluye que deben iniciarse las reformas de segunda generación, modernizando “al Poder Judicial, la Policía y el Ministerio Público”.
Este enfoque me parece  lúcido, aunque refleja sólo una  típica visión centralista y citadina  frente a los grandes problemas nacionales.

Es verdad que aquéllas son reformas indispensables para erradicar la ineficiencia y la corrupción de esas instituciones tutelares, como del Estado en general, incluyendo a los tres niveles de gobierno. Pero no son las únicas que exige el raciocinio. También el Perú profundo —el de los pueblos más necesitados, laboriosos y remotos—  requiere reformas de segunda generación.

Es verdad que el depurar a la policía y el sistema judicial puede aliviar significativamente las condiciones de vida  de la población nacional. Pero ello no resuelve los problemas de postergación, pobreza y marginalidad de quienes residen en el medio rural, con base económica preferentemente agropecuaria.
Por eso, en esta hora de revuelo político, por la campaña electoral,  debemos hacer recordar a todos los candidatos  que también el Perú rural necesita cambios profundos, para salir de la pobreza mayoritaria y sostener a la alimentación nacional.
Nuestra  clase política debería tener plena conciencia de este desafío, abrir el debate e identificar soluciones viables, para dejar de ser una sociedad anclada en las taras del pasado; lastre que —en el plano político-institucional— incluye al Ministerio de Agricultura y Riego y a sus equivalentes subnacionales.
¿Por qué al Perú entero le conviene modernizar al sector rural? Muy sencillo:
Porque sacar de la pobreza (al 25% de la población nacional) a (más de 2´2000,000 de familias campesinas) implicaría expandir el mercado interno en la misma proporción.
Porque la  realidad actual es moralmente insostenible y políticamente suicida, como nos enseñó el terrorismo genocida entre 1980 y 1992.
Porque la creatividad y la innovación son potencialidades estancadas en miles de jóvenes rurales que pueden contribuir al progreso de todo el país, pero que hoy no encuentran  oportunidades de autorrealización digna en su propio medio.
Porque es en el área rural donde se encuentran los recursos naturales —agotables y renovables—  más valiosos del país, pero sobre los cuales las poblaciones locales tienen poco disfrute.
Porque el campo —cuya columna vertebral es el agro— representa la seguridad alimentaria de los 31´000,000 de peruanos.
Porque la vida rural significa la ocupación real y productiva del territorio patrio, y
Porque en el campo están los ancestros más remotos y valiosos de nuestra cultura y nuestra economía.
Hay  muchas otras razones para exigir a los candidatos  políticos la aplicación concertada de una segunda ola de reformas en el olvidado medio rural; para que el país en conjunto, avance sin dejar estancos inaceptables de atraso y pobreza.

Finalmente, para deducir que el agro requiere reformas estructurales urgentes basta considerar las siguientes cifras: en el 2015 —año de crisis internacional— la agroexportación en general decreció 0.3% (ventas por 5,285 millones de dólares en el 2015, frente a 5,301 en el 2014);  la agroexportación tradicional —con alto componente de pequeños productores,  sobre todo de café —cayó 18%, y la producción agrícola para el mercado interno creció apenas (hasta noviembre)  0.2%, mientras que la población subió  1.9%.

Como es obvio, el cambio tiene que darse con base en los elementales criterios de inclusión, eficiencia y sostenibilidad.
 


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