Devida: Desarrollo alternativo combate la economía ilícita del narcotráfico

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón Garrido, señaló que el desarrollo alternativo ayuda a combatir la economía ilícita del narcotráfico.

Así lo indicó en una videoconferencia realizada en el marco del Octavo Diálogo Sectorial en Materia de Lucha Contra las Drogas Perú – Unión Europea, mecanismo de cooperación bilateral para la coordinación de acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de drogas, bajo el principio de responsabilidad común y compartida.

El titular de Devida inició su participación haciendo énfasis en el compromiso del Estado peruano para luchar de manera frontal contra el tráfico ilícito de drogas, con un enfoque basado en el principio de responsabilidad común y compartida, y con respeto a los derechos humanos.

Además, recalcó que esta actividad ilícita se fortalece a causa de la existencia de un mercado mundial que demanda estas sustancias, por lo que “para establecer políticas públicas y medidas eficaces para detener el avance del narcotráfico, es necesario entender previamente, la relación económica entre la demanda global y su impacto en la oferta y en la producción de drogas”, dijo.

Además, señaló que la revalorización del principio de responsabilidad común y compartida, permitirá sumar esfuerzos comunes entre los países productores de cocaína y los países consumidores.

De otro lado, Soberón Garrido resaltó la importancia del desarrollo alternativo en los últimos años como mecanismo para brindar a los agricultores cocaleros de los países andinos opciones sostenibles para una vida libre del circulo vicioso que constituye la economía ilícita del narcotráfico, para lo cual, “el apoyo de la cooperación internación también ha sido fundamental”, indicó.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Devida señaló que el Estado fortalecerá su modelo de desarrollo alternativo, basado en un nuevo relacionamiento que busque establecer ciertos niveles de concertación con las poblaciones de la región Andino-Amazónica, a través de un Pacto Social Ciudadano que conlleve al establecimiento de un compromiso elemental con los productores de coca, para que, voluntariamente, se acojan a los beneficios de los programas de desarrollo alternativo.