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Lima, 17 de abril, 2016
Excelente la entrevista al Dr. William Vivanco Mackie en AGRONOTICIAS Nº 422, donde se desnuda nítidamente la problemática agraria del país, y la ganadera en particular.
Dice Vivanco que, al reintegrarse a la patria luego de 22 años, encontró a nuestra ganadería igual que antes de partir. Coincidido plenamente con ello: ésta seguirá igual por los siglos de los siglos, mientras algún gobierno no se atreva a impulsar los cambios imprescindibles.
El país tiene un total de 6,552 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales sólo el 3,3% posee títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. Esto significa que sus pobladores no tienen capacidad para realizar operaciones económicas con sus tierras, ni siquiera ser sujetos de crédito.
Sin embargo, en esas comunidades se encuentra por lo menos el 80% de nuestros vacunos, ovinos, alpacas y llamas, aparte de camélidos silvestres; en praderas realmente sobrepobladas, sobrepastoreadas y crecientemente degradadas, rumbo a la desertificación.
Ahí los animales presentan, en su gran mayoría, ostensibles cuadros de subalimentación, por una sobrecapitalización abusiva y destructiva.
Sin duda por eso el Dr. Vivanco expresa que se necesitarían ocho años de clausura para restaurar el equilibrio de las praderas nativas; aunque quizás algo menos, como se hizo en el Tíbet, entre la China y la India. Pero éste es otro tema. En cuanto a la unidad ganadera mínima de manejo en la puna y su control para evitar la atomización familiar; guardando las distancias, existe una orientadora experiencia nacional en Pozuzo, Oxapampa, donde la tierra heredada es indivisible. O sea que sí se puede.
El problema central —como lo señala claramente el Dr. Vivanco— es la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas donde ésta “es de todos y es de nadie”. Ahí está la madre del cordero.
En estas condiciones, ¿quién se atrevería a instalar una hectárea de pasto cultivado en “su” estancia, canchón, parcela o predio comunal? ¿Quién invertiría en cercos para el manejo de las praderas y rebaños? ¿Quién podría aplicar avanzados métodos de biotecnología reproductiva para mejorar su hato? Nadie, porque la tierra no es legalmente suya.
En consecuencia, el problema ganadero no es tecnológico, porque en el país existen especialistas públicos y privados de primer nivel para resolverlos, tal como se puede apreciar en Puno, el primer centro ganadero del Perú. Ahí pueden haber muchas explotaciones de vanguardia como “Pacomarca”, “Mallkini”, “Quimsachacta”, “Queque Norte”, “Esquén Tiriachi” y otras más pequeñas.
Pero el problema de fondo es la ausencia de una política ganadera de Estado, debidamente concertada con los mismos criadores y los centros de investigación y enseñanza.
Una evidencia de ello es que el ahora expresidente Alan García, manifestó públicamente en su último gobierno que “el Perú es un país minero”; negando su raíz, su vocación cultural y su potencialidad agrarias. Igualmente, el actual mandatario Ollanta Humala ha demostrado creer lo mismo ¿Qué podemos esperar de los demás políticos en el poder y rumbo al poder? Los ministros de Agricultura y sus asesores técnicos no son —con rarísimas excepciones— especialistas en el tema agrario; mientras que los directores y subdirectores sólo tienen en cuenta el aspecto comercial o de “inserción económica” para unos pocos, olvidándose de la inserción social de millones de campesinos excluidos.
Miremos por un instante el vigente panorama político-electoral: los pobladores altoandinos de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica han votado masivamente por el constestario Frente Amplio, como señal de frustración e indignación ante la política general del Estado y del actual gobierno en particular.
En esas regiones políticas está la población humana más pobre y la mayor población ganadera del país. A las mismas debemos sumar a Cajamarca en el norte, potencia ganadero-lechera con 52.9% de pobreza, que también votó mayormente contra el “sistema” imperante. Suficiente para reflexionar y actuar.
Si el problema medular de la ganadería nacional es la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas, entonces la solución debe comenzar por ahí, para viabilizar el cambio tecnológico deseado.
El actual sistema de tenencia de tierras en las comunidades campesinas data de una ley dictada por Simón Bolívar. Es decir, es producto de una decisión eminentemente política. Entonces, viene la pregunta: ¿Quién le pone el cascabel al gato o toma al toro por las astas para poner fin a la repartición de pobreza en aquéllas, donde es posible generar riqueza para todos?
Atentamente:
Méd.Vet. M. Sc. Enrique Ameghino Cabrejos
Profesor de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la
Universidad “Ricardo Palma”
Correo electrónico:
RESPUESTA DEL DIRECTOR
Conocedores y lúcidos como siempre, los Dres. William Vivanco Mackie y Enrique Ameghino Cabrejos han vuelto a poner el dedo en la llaga: la clamorosa e inexplicable ausencia de una Política de Estado para la Ganadería Nacional, sobre todo altoandina; como consecuencia de la cual se sigue ignorando el gran problema de la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas; hecho que —a su vez— impide que los propios campesinos inviertan en el mejoramiento estructural de sus hatos.
En consecuencia, las organizaciones de ganaderos y los centros académicos y colegios profesionales vinculados a este subsector deberían hacer un esfuerzo especial —juntos— para explicar didácticamente el problema y sus alternativas de solución a los futuros depositarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, antes de la transferencia del poder, y así comenzar a encararlo desde el saque.
Aquí pensamos que la propiedad colectiva de las tierras comunales en los Andes y la Amazonía no es incompatible con la posibilidad de introducir creativamente en éstas —bajo ciertas reglas— la propiedad individual.
Lo de “ciertas reglas” tiene una explicación: en un sector que requiere a gritos más asociatividad, la propiedad individual en las comunidades no debe servir para que cada uno haga lo que le venga en gana con la tierra, menos aún para micronizarla a través de la herencia; sino para garantizar las inversiones e innovaciones, para fomentar la competencia intracomunal y para mejorar el ecosistema.
En tal sentido, sería muy útil estudiar las experiencias de Nueva Zelanda e Israel, en este caso los modelos kibutz y moshav; aunque siempre considerando que ninguna experiencia foránea es trasplantable a la peculiar realidad ecológica, socioeconómica y cultural del medio rural peruano.
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