Majes Siguas II : El verdadero desarrollo del territorio

Por:    Clímaco Cárdenas,  Javier Cercós,   Giovanna Vásquez

En un reciente artículo publicado en el portal Agraria.pe, la Sociedad de Comercio Exterior de Perú (Comex) trata de hacer pensar al público que el actual gobierno regional de Arequipa está proponiendo la paralización del proyecto Majes-Siguas II de forma permanente. Comex, indica que la propuesta de disminuir la extensión de las parcelas a un tamaño entre 5 y 20 hectáreas no es viable, porque alteraría el modelo de producción, su escala de productividad tendría enormes implicancias no solo para Arequipa sino para todo el Perú. Asimismo indican que sería una mala señal para nuestros inversionistas, limitando la posibilidad de ampliar la frontera agrícola, de exportar alimentos y que esta situación perjudicaría económicamente a la región y al país en su conjunto. En definitiva muestran una visión apocalíptica que no compartimos con los capitalistas agrarios y neo latifundistas.

En esta declaración, con intención alarmista, se están confundiendo varios aspectos, pues la situación real es que no se estaría hablando de paralizar el proyecto de forma definitiva, ni de establecer medidas que impidan la inversión (no olvidemos que el mayor inversor en esta iniciativa es el propio estado con dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas y debe ser responsable en su destino) y por lo tanto, tampoco se estaría tratando de impedir la ampliación de frontera agrícola y la oportunidad de generar un gran número de empleos directos e indirectos.

La cuestión de fondo que motiva está decisión es la disyuntiva sobre el modelo de desarrollo territorial por el que apuesta Arequipa. Desde el gobierno regional se debería de modo explícito proponer alternativas de desarrollo económico que sean lo más equitativas posible, que extienda su beneficio al mayor número de ciudadanos/as y que sirva como instrumento de lucha contra la pobreza a partir de promover una agricultura inclusiva, promover la formación de una red de pequeños productores agrarios capitalizados, con acceso a la propiedad de tierra, que les permita aportar al proceso de reconversión del agro nacional hacia una agricultura más rentable y estable. El acceder a tierra en extensiones adecuadas permite el desarrollo de la agricultura familiar, que se caracteriza por mantener a la población en los territorios de forma más estable y resiliente a las crisis y bajo formas más sostenibles de producción, mientras que las grandes inversiones tienden a “desaparecer” de los territorios en los momentos de crisis con tremendos impactos económicos y sociales sobre los mismos.

En ese sentido, la discusión de fondo no es si queremos ampliar o no la frontera agrícola para ampliar nuestro potencial productivo, sino discutir si es que el Estado, con el presupuesto público de todos los peruanos y peruanas,  debe seguir apostando por financiar modelos de irrigación en la costa como los proyectos especiales de irrigación: Chira-Piura (Piura), Olmos-Tinajones (Lambayeque),Chavimochic (La Libertad), Chinecas (Ancash) y Majes Sihuas II (Arequipa), que excluyen a los pequeños y medianos productores, ocasionando el subsidio indirecto a grandes empresas.  El reto y la obligación pendiente del gobierno debe ser más bien el  de proponer modelos más inclusivos que beneficien a más personas y al desarrollo de su territorio.

Diversas políticas públicas y compromisos del estado peruano a nivel nacional resaltan el papel de la agricultura familiar, los compromisos y obligaciones que el estado tiene para su promoción; pues  son estas familias quienes producen cerca del 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades; mencionamos las más importantes:

1. El Acuerdo Nacional, suscrito en el año 2002, plantea las políticas de Estado que definen el rumbo hacia el desarrollo sostenible del Perú, en las cuales el sector agrario tiene una gran relevancia dado su rol en la mejora de las condiciones de vida de la población rural, así como en la reducción de la pobreza y brechas sociales, su contribución a la seguridad alimentaria nacional y el manejo sostenible de los recursos naturales, agua, suelo, recursos forestales y fauna silvestre
2. La propia Política Nacional Agraria vigente, que resalta de manera específica que debe hacerse énfasis en la agricultura familiar, citando el enfoque de derechos como esencial para el desarrollo de la población rural, siendo un eje prioritario en las políticas públicas. Esta política considera también el enfoque territorial que promueve el desarrollo integrando la dimensión económica-productiva, sociocultural, ambiental y político-institucional, de los espacios rurales y el enfoque de inclusión. Esta prioridad y necesidad de la agricultura familiar es tan clara que hasta disponemos en el país de leyes concretas para su promoción, como la Ley 30355 de promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar, vigente pero sin aplicación ni cumplimiento por falta de voluntad política, lo cual impide a cientos de miles de familias rurales  peruanas el beneficiarse de sus medidas. Estos instrumentos de la política pública mencionan la necesidad de lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades, activos más productivos y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional a partir de incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor/a agrario/a y gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.

Sin embargo, a pesar de estas prioridades de la política pública que debe estar centrada en los agricultores/as familiares, surge una pregunta ¿por qué el Estado privilegia la inversión en proyectos donde la mayor beneficiaria es la gran agricultura, que posee mayores recursos propios para su desarrollo?. La respuesta está vinculada con la voluntad política asociada al modelo de país que queremos, si es con más desigualdad o con mayor equidad de oportunidades.

La mayoría de las personas que están en situación de pobreza  en nuestro país son pequeños productores que dependen de la agricultura, por eso el estado debe trabajar por reducir las brechas existentes para estas familias buscando vincular a los productores con los mercados e identificar cómo estos mercados y cadenas de valor pueden ayudar a la reducción de la pobreza. Para ello  el estado necesita generar programas para la creación de mecanismos donde los pequeños productores se capitalicen, se asocien y puedan ingresar al mercado de manera competitiva, con productos en condiciones de calidad e inocuidad. Es también  fundamental tener acceso a financiamientos, la tecnificación del campo y disponer de  programas de encadenamientos empresariales, buscando alianzas entre productores con actitud emprendedora y mercados con actitud empresarial responsable, lo cual puede dar grandes resultados. En esta cuestión, el gobierno tiene la responsabilidad de seguir orientando a los  pequeños productores para que ingresen en el sistema de producción actual, tratando de evitar que su actividad desaparezca, integrando sus sistemas productivos al mercado haciéndolos competitivos y rentables. Esto implica de nuevo, voluntad política.

En estas decisiones de priorizar los apoyos a la gran agricultura parece percibirse una intención del estado de no asumir todas las funciones que tiene asignadas para el fortalecimiento de los pequeños productores y de la Agricultura Familiar, pues  los proyectos con pequeños productores requieren mucho más acompañamiento en términos de capacitación, organización social en el manejo de los sistemas, asistencia técnica y financiera, etc. y los programas e instrumentos del Estado son insuficientes en cantidad, temporalidad y calidad, para poder responder a estas necesidades.

En cambio, grandes agro inversionistas en la costa pueden traer o contratar sus propios paquetes agro-tecnológicos, lo cual “libera” al Estado de sus obligaciones. Por tanto, se requieren alternativas que sean bien llevadas, tanto técnica como social y económicamente. Esto puede suponer el cuestionar si es tan conveniente el priorizar en la costa solamente la gran agricultura, donde la propiedad de la tierra y los derechos de agua se concentran en pocas manos, o si en cambio, es más conveniente promover e incentivar modelos que dan apoyo al pequeño y mediano agricultor, como mandan las normas e instrumentos estratégicos del estado.

No olvidemos, que dentro del Perú ya tenemos ejemplos exitosos de pequeños productores empoderados con sus tierras y sus sistemas de riego, que a través de la organización han logrado acceder a mercados, tanto nacionales como extranjeros, y que les permite manejar sus parcelas con rentabilidad, siendo un espejo en el que deberían mirar quienes creen que la agricultura solo es rentable si se practica a gran escala. Casos como la irrigación San Lorenzo, que formó parte de un proyecto piloto de desarrollo rural promovido por el Banco Mundial para América Latina y que ha sido motivo de estudio por parte de CEPES, se convirtió en el programa de ampliación de frontera agrícola más importante del Perú, transformando una zona desértica en un valle altamente productivo,  a partir de un modelo que privilegió a los pequeños y medianos agricultores y donde el estado asumió el rol que le corresponde y que se mantiene hoy día, cincuenta años después.

Por tanto, la decisión del gobierno regional de Arequipa, con su gobernador el Arq. Elmer Cáceres Llica es totalmente entendible y  pertinente desde la mirada de sus pobladores, de las obligaciones que tiene hacia ellos como parte del estado para garantizar sus derechos, incluyendo el de sus pequeños productores, ir avanzando hacia una sociedad que busque el bienestar de la mayoría, el desarrollo humano de su población en  su territorio y se entiende que responde no a dejar pasar una oportunidad, sino a que esta oportunidad se enfoque bajo criterios de responsabilidad y obligaciones con su población, más tratándose de fondos públicos, que deben estar condicionados a las prioridades y enfoques de las políticas nacionales de desarrollo. La decisión sobre si la convocatoria para la subasta de tierras en este caso estará en manos de quince personas o empresas, frente a la posibilidad de que beneficie a más de 4.000 familias que podrían acceder a una alternativa definitiva de sostenibilidad económica y bienestar social, no es una cuestión menor, y afecta al modelo de desarrollo que se asuma como región y al tipo de oportunidades que se le quiere dar a los ciudadanos.

En cercanos proyectos de irrigación en Arequipa, donde se sobre dimensiona el éxito del neo latifundio por los números que muestra como rentabilidad de inversión a la agroexportación, podemos mencionar que en el otro extremo tenemos jornales que llegan en muchos autobuses al trabajo; pero con sueldos bastante desfavorables y con exigencias laborales que no van de la mano con los austeros sueldos asignados. La agricultura de mandil blanco que tanto defienden los grupos económicos de poder no termina siendo el modelo exitoso que se quiere presentar; basta con visitar las poblaciones rurales que se asientan en los anillos periféricos de estos centros de producción agraria para reconocer la extrema pobreza, ausencia de propiedad, falta de servicios, delincuencia, desnutrición y oportunidades justas de desarrollo. Eso sin entrar a hablar de las externalidades en materia medioambiental, costes que nunca se imputan a estos sistemas de producción y que corren a cuenta de la sociedad. Nos preguntamos si los dirigentes de estas mismas empresas o las autoridades del estado que las priorizan, enviarían a sus hijos e hijas a trabajar “dignamente y en busca de su futuro” a estas explotaciones.

Estas situaciones nos recuerdan épocas de explotación y claramente no queremos que se instauren esas muestras en el Perú, habiendo la posibilidad de apostar por otras alternativas y modelos más inclusivos e incluyentes y que contribuyen a cerrar brechas con la población más desfavorecidas, dándoles verdaderas opciones de desarrollo y mejora de su bienestar. Finalmente mencionar que es necesario generar modelos de desarrollo con alto contenido social, económico y medio ambiental en el que los arequipeños que conocen de la actividad agropecuaria desarrollen su territorio, desarrollen su pequeña patria.