

El texto preliminar del proyecto para la nueva Ley Agraria indica que la remuneración básica para la gran empresa sea de S/ 1,543; para la mediana S/ 1,234.4 y S/ 1,033.81 para la pequeña. Sin embargo, esto sería contraproducente.
El exministro de Agricultura Milton von Hesse, citado por el diario El Comercio, indicó que si el Congreso establece montos de remuneraciones en ciertos sectores, disminuirá la contratación de personal.
“Las empresas más granes sí podrán absorber este efecto, pero el resto no. La historia al regular salarios nos dice que cada vez que se hizo se redujo el mercado formal”, indicó.
Para el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Alejandro Fuentes, el incremento en 65% que se plantea sobre los salarios (considerando que percibían S/ 930) hace inviable las operaciones “de cualquier empresa”. Esto tomando en cuenta que la mano de obra representa entre el 40% y 60% de los costos.
AGAP propone que el modo de percibir la CTS y gratificaciones –pagos incluidos en la Remuneración Diaria Integral que el Congreso establece en S/ 64.98 y que corresponden al 9.72% de la Remuneración Básica y 16.66%, respectivamente- sea optativo para el trabajador.
El investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra, explicó que las empresas agrarias están en total capacidad de asumir esta disposición, según lo que evidencian sus cifras.
“Hay un amplio margen [para incrementar los salarios]. En el sector construcción el salario promedio es de S/ 2,500”, dijo Zegarra. Pero aclaró que se use como métrica para segmentar por tamaño a las empresas el número de empleados.
Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), apuntó que el nuevo salario debe ser producto de una profunda negociación. “Que la ley sí sea de promoción agraria y no solo de las agroexportadoras”.
Cabe precisar que la propuesta establece que desde 2021 y de forma escalonada hasta 2028, las empresas eleven su nivel de tributación hasta alcanzar el régimen general. Lo que Von Hesse dijo que hay que contemplar que las empresas han invertido bajo la estructura de la ley anterior.
Para Fuentes, el incremento debería iniciar en diez años. Mientras que Zegarra indica que esperar a 2028 es exagerado, considerando que las empresas del sector han tenido 20 años de beneficios.
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