Ley Agraria: Protestas en Virú dejan dos muertos más

Enfrentamientos entre la policía y manifestantes contra la nueva ley agraria aprobada el pasado martes dejaron la muerte de un adolescente de 16 años y un trabajador agroindustrial de 20 años, en el distrito de Charo, Virú (región La Libertad).

Así, suman ya tres las muertes de manifestantes agrarios en el norte del país, quienes exigen mejoras salariales y derechos laborales. Y lejos de ser un aliciente, las protestas podrían seguir en San José y Valle de Dios (Virú).

Fue precisamente en San José donde un proyectil impactó contra el cuerpo del adolescente, quien había salido de su casa a hacer diligencias personales, según un medio local. Falleció mientras era trasladado en un camión de EsSalud, manifestaron sus familiares.

Mientras que Reynaldo Reyes Ulloa, falleció con impactos de bala, de acuerdo a las declaraciones del director de la Red de Salud de Virú, Josmill Espinoza, a radio Viru Star.

Una tercera muerte se produjo por daños colaterales. Modesto Mondragón (56 años), paciente oncológico, murió al no poder llegar de emergencia en bus al hospital por el bloqueo de la Panamericana Norte.

Mientras que, decenas de heridos, incluidos cuatro policías, fueron trasladados a centros de salud de la zona y algunos a Lima.

Por otra parte, el secretario de Defensa Legal de la Fentagro, Nelsón Huamán, advirtió de 40 trabajadores detenidos entre el lunes y el marte. Exigió la presencia del presidente Francisco Sagasti. El Ejecutivo no se manifiesta hasta el momento.

La Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) llamó a la paz social y la calma horas antes de la represión policial. La Defensoría del Pueblo exigió el cese inmediato de los enfrentamientos y pidió al Ministerio del Interior “dar explicaciones” de lo sucedido. Mientras que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, demandó que se sancione a los responsables.

Desde Twitter, la Policía dijo: “Lamentamos la pérdida de vidas, cualquiera sea su origen. Nuestra misión es mantener y restablecer el orden público y proteger los derechos, la salud y la vida de las personas”. “Las investigaciones de responsabilidad penal se encuentran a cargo de la Fiscalía y del departamento de investigación criminal de Trujillo”.

Finalmente, los agroexportadores del norte suspendieron una vez más sus actividades ante las continuas protestas. Pidieron al Ejecutivo declarar el estado de emergencia a La Libertad e intervenir en pro del orden.

Mientras que Ica retomaría sus movilizaciones el lunes 4 de enero. El dirigente de la Federación de Trabajadores Agroindustriales de Ica José Carbajal, confirmó la acción en rechazo al texto aprobado en el Congreso.

Por la nueva ley agraria

Cabe precisar que la nueva ley agraria contempla aumentar el ingreso del trabajador solo a través de un bono no remunerativo del 30% del suelo mínimo: de S/ 279. Empresarios y trabajadores coinciden que el Congreso omitió sus peticiones, por lo que ambos están en desacuerdo.

Para el exministro Milton Von Hesse, primó el debate político antes del técnico. Afirmó que se veía que no se podía satisfacer a nadie, y que se desconoce la posición del Ejecutivo, “porque no ha querido ganarse el pleito”.

La premier Violeta Bermúdez, dijo en conferencia de prensa que la autógrafa de la nueva ley será evaluada cuando llegue a Palacio. Mientras que empresarios como Juan Carlos Paredes, presidente de ProHass, demandan que el Ejecutivo observe la ley reiterando el discurso que su aprobación solo perjudicaría a pequeñas y medianas empresas.

El investigador principal del GRADE, Eduardo Zegarra, manifestó que la ley aprobada tiene “ciertos” puntos de mejora, pero mantiene el fondo que rechazan los trabajadores: Como el licuado de la CTS y gratificaciones en la remuneración diaria, dejando al trabajador desprotegido en el momento de su despido.

“Es la agenda de la Confiep, que la planteó en el Consejo Nacional del Trabajo, que los sindicatos rechazaron, y por lo que luego se desactivó”, dijo.

Según su lectura, la norma mantiene la lógica de contratación laboral carente de seguridad al trabajador e imposible de supervisar. Situación similar a la negociación colectiva, que no la garantiza ni fortalece.

Zegarra dijo que si el Ejecutivo observa la norma “empresas y trabajadores perderían”, pues a partir del 1º de enero las empresas pasarían al régimen general, con una tasa de Impuesto a la Renta del 29,5%, mientras los trabajadores tendrían el salario mínimo de solo S/ 31 al día.