Orpio: Reactivación económica no puede afectar derechos territoriales indígenas

Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), que representa a 26 federaciones indígenas en la región Loreto, comentó que es necesaria la reactivación de la economía peruana, afectada por la pandemia del COVID-19, pero enfatizó que las medidas del Gobierno se deben llevar a cabo sin afectar los derechos territoriales indígenas.

“La reactivación económica se tiene que dar, porque las comunidades indígenas, en este contexto globalizado, tienen sus economías articuladas con el mercado. Pero lo que no se debe hacer es vulnerar los derechos colectivos en el marco a esta reactivación, principalmente los derechos territoriales”, manifestó al portal Actualidad Ambiental.

Señaló que Orpio pide al Gobierno Regional de Loreto (Gorel) que no se otorguen concesiones forestales en aquellos sitios o territorios solicitados por pueblos indígenas para su reconocimiento y titulación.

Detalló que en este momento son 22 comunidades, la mayoría del Napo, que han pedido su reconocimiento y titulación, pero no pueden avanzar porque el Gorel “está dando prioridad a los Bosques de Producción Permanente (BPP), para que sean concesionados en el marco de la reactivación económica”.

“Ese tipo de casos no deberían darse, nada que afecte derechos territoriales. Los territorios que están siendo solicitados para reserva territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, también peligran en marco de esta reactivación”, explicó.

Aseveró que las comunidades están pidiendo su titulación o su ampliación con la finalidad de que puedan desarrollar dentro de su territorio actividades de bienestar o de subsistencia, tal como el manejo de productos forestales o de los productos acuícolas.

“Nosotros también tratamos de reactivar nuestra economía, pero sosteniblemente. Por ello, estamos pidiendo al Gore Loreto que puedan redimensionar o que puedan anular esos BPP que se superponen a las solicitudes de ampliación o titulación de las comunidades”, puntualizó.

Comentó que el reto del Estado, tanto para el gobierno regional como nacional, es poder implementar planes viables y recoger los emprendimientos de las comunidades, para que los pueda financiar y dar asistencia técnica. “Siempre apuntando a que estas iniciativas sean sostenibles, pero no ayudar solo al inicio y luego abandonarlos”.

“Debemos cuidar que las inversiones que se den en nombre de la reactivación económica no vulneren derechos, que no excluya a las mujeres ni a los niños y que no vulneren derechos territoriales, porque el territorio es lo único que les queda a los pueblos indígenas en medio de toda esta situación tan complicada originada por el coronavirus”, puntualizó.

En Loreto viven 32 pueblos indígenas u originarios, distribuidos en 1207 comunidades reconocidas hasta la fecha. Esas comunidades han sido fuertemente golpeadas por la pandemia del COVID-19, que ha afectado tanto la salud de sus ciudadanos, como su economía.