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  • domingo 04 de diciembre del 2022

Gobierno declaró en emergencia ambiental comunidades de Loreto por derrame de petróleo

El derrame de petróleo crudo en el Oleoducto Norperuano se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal, en las comunidades de Cuninico y Urarinas, en Loreto.

26 de septiembre del 2022

El Gobierno peruano, tras el daño ecológico provocado por los recientes derrames de hidrocarburo en el Oleoducto Norperuano, en Loreto, declaró en emergencia ambiental el área geográfica impactada en las comunidades de Cuninico y Urarinas.

Según la Resolución Ministerial n.° 187-2022-MINAM, oficializada el 24 de septiembre en el diario El Peruano,

Dicha medida tiene una vigencia de 90 días hábiles. El objetivo es garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados, realizando los correspondientes trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación ambiental.

con esto se busca proteger la salud de los habitantes de esa zona del país y la conservación de los recursos naturales que alberga dicho territorio amazónico.

Entre los considerandos, se indica que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha evidenciado que, de un recorrido de 147,95 km (desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón, en la margen izquierda), se han afectado 848 400 m2 de cuerpo de agua (que comprende 33 600 m2 del canal de flotación), 600 m2 de una quebrada sin nombre, 154 200 m2 de la quebrada Cuninico y 660 000 m2 de la margen izquierda del río Marañón.

De igual modo, se señala que el derrame de petróleo crudo se produjo en una zona donde se realiza pesca artesanal. Entre otras razones, “el derrame de petróleo crudo constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema fluvial amazónico, así como de alto riesgo para la salud pública; por lo que considera la procedencia de la Declaratoria de Emergencia Ambiental”.

El dato

Según la cotada norma legal, la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para mitigar dicha problemática está a cargo de las entidades públicas involucradas en su cumplimiento, en coordinación con los respectivos gobiernos regionales y locales.


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