SELVA DE IDEAS

Según el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Eco. Juan Manuel Benites Ramos, la Ley Nº 29763 o nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada el 22 de julio del 2011, y sus cuatro reglamentos, expedidos el 30 de setiembre último, generarían 500,000 puestos de trabajo y desde el año 2017 permitirían duplicar el valor de nuestras exportaciones de madera, de 150ʼ000,000 a 300ʼ000,000 de dólares, entre otros beneficios mensurables.

• Benites Ramos no es el único funcionario en creer a pie juntillas que la Ley 29763 es la nueva llave para conquistar económicamente a la Amazonía. También el Ministro de la Producción, Eco. Piero Ghezzi, sostiene que dicha legislación sería uno de los nuevos motores para la diversificación productiva de nuestra economía; por lo cual —incluso— reclama que la ley “permita que los propietarios de las plantaciones no tengan que pedir permiso antes de plantar, sino que sea considerado como de su propiedad el suelo forestal”.
• Un suplemento titulado “Rumbo al crecimiento forestal”, inserto el 28 de diciembre reciente en algunos diarios de Lima, por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que dirige la abogada Fabiola Muñoz Dodero, difunde las opiniones de otros funcionarios y algunos dirigentes indígenas y campesinos, empresarios y congresistas. Coincidentemente, todos ellos hablan maravillas de la Ley 29763 y su flamante reglamentación. Un solo ejemplo: “Esta normativa es muy beneficiosa para el país; permitirá el progreso del Perú y directamente les cambiará la vida a los actores involucrados en el tema”, declaró la parlamentaria cusqueña y oficialista Julia Teves Quispe.

INCENDIOS SOCIALES EN POTENCIA

Pero los actores sociales que viven directamente del bosque amazónico, sobre todo las poblaciones indígenas, no sólo están en las antípodas de las opiniones de los burócratas y los inversionistas interesados en hacer nueva fortuna; sino también se preparan para exigir la derogatoria de la referida legislación o —en el peor de los casos— la modificación de los artículos  que consideran atentatorios contra el bosque y sus tierras.

• La primera de esas acciones de resistencia y protesta está siendo organizada para el primer día de marzo próximo por diversas organizaciones sociales articuladas en torno a la Federación de Pueblos Indígenas Kiwchua de la Región San Martín (FEPIKRESAM).
• Dos de las demandas irrenunciables son: modificaciones sustanciales de la Ley 29763 y sus reglamentos, y titulación inmediata de sus territorios, con fondos del Estado y las donaciones de la cooperación internacional que el gobierno de Humala está entregando a ciertas ONGs ambientalistas.
• También la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) —sin duda la más importante e influyente organización indígena amazónica— tiene serios reparos y ha puesto en cuestión lo que para el gobierno es uno de sus mayores logros político-sociales en la normatividad forestal: la Consulta Previa e Informada con los Pueblos Indígenas.
• Para AIDESEP, los acuerdos adoptados y legitimados en actas durante el proceso de consulta previa fueron luego ignorados o cambiados en la redacción final de los reglamentos. En un pronunciamiento público señala que de 148 artículos relacionados con la política forestal y las comunidades nativas y campesinas, 90 artículos han sido modificados sin consulta y 25 de los mismos son calificados como controversiales.
• Aún más, en su pronunciamiento AIDESEP pide tomar decisiones urgentes e inmediatas, porque los procesos administrativos y de gestión, como planes de manejo forestal, planes operativos anuales y otros procesos, estarían paralizados en las regiones, aduciéndose que el aparato subnacional tiene que adecuarse al nuevo marco normativo.
  

  “Tal como están, la Ley Nº 29763 y su reglamentación sólo facilitarán y multiplicarán las concesiones forestales y el cambio de uso de las tierras amazónicas, en beneficio primordial de las transnacionales monoproductoras y algunos inversionistas peruanos, al promover la megalatifundización de la Amazonía y el extractivismo desenfrenado”

JUNGLA DE PROBLEMAS

También para la mayoría de los expertos consultados por este cronista, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre  nació con fallas de fábrica, es decir, con problemas de forma y fondo en gran medida heredados del Decreto Legislativo Nº 1090, que fue el gran detonante de la tragedia del “Baguazo”, el cinco de junio del 2009.

• El debate sobre reglamentación de la ley duró cuatro años y se tuvieron que redactar cuatro reglamentos, con 681 artículos en total.
• Para los funcionarios de los ministerios de Agricultura y Riego, del Ambiente y de Cultura, las grandes virtudes de esa legislación son la Consulta Previa, la promoción de las plantaciones forestales, el valor integral de bosque (ecosistémico), la descentralización de la autoridad forestal y el marco para el manejo forestal comunitario.
• Sin embargo, para AIDESEP y otras organizaciones indígenas, esas virtudes son únicamente aparentes. Un ejemplo de ello son las concesiones de tierras para establecer plantaciones. Pues éstas se harán sin concurso o subasta pública, ni límites de superficie. O sea que se ha dejado la puerta abierta para el acaparamiento de tierras, la tala ilegal y el comercio informal de maderas y otros recursos del bosque.
• En otras palabras, contra lo que sostiene la propaganda oficial, la nueva legislación sobre flora y fauna silvestre es farragosa, desordenada e incoherente. No promueve la articulación en los tres niveles del gobierno, no ayuda a resolver la crisis del ineficiente y corrupto “sistema” forestal preexistente, ni tampoco tiene instrumentos eficaces para detener la tala ilegal, el tráfico de tierras, el lavado de activos, la habilitación y el esclavismo, y menos aún para barrer a las mafias burocráticas enquistadas en el aparato del Estado.
• En síntesis, tal como están, la Ley Nº 29763 y su reglamentación sólo facilitarán y multiplicarán las concesiones forestales y el cambio de uso de las tierras amazónicas, en beneficio primordial de las transnacionales monoproductoras y algunos inversionistas peruanos, al promover la megalatifundización de la Amazonía y el extractivismo desenfrenado.
• Frente a este cuadro indeseable, la presente campaña electoral ofrece un escenario propicio para negociar con los candidatos presidenciales y sus equipos de gobierno las modificaciones necesarias.
• Tal es el mayor reto inmediato para los pueblos de la Amazonía peruana y en especial para las organizaciones indígenas.