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Los gremios y organizaciones agrarias exigen mayor participación de las comunidades indígenas antes de dar el visto bueno al reglamento de la ley.
La Ley 31111, que establece hasta el 2035 la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos, aún no cuenta con reglamento, pese a que fue aprobada en enero.
El proceso consultivo a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam) sigue sin consumarse para pesar de agricultores y especialistas, quienes temen una innecesaria herencia para el próximo gobierno.
Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, sostuvo que, además de los cuestionamientos por la presencia de agentes pro transgénicos en la comisión de asesoramiento (APE Semillas), los gremios y organizaciones agrarias exigen mayor participación de las comunidades indígenas antes de dar el visto bueno al documento.
Tampoco están dispuestos a que la producción de OVM en el Perú ocurra fuera de cuatro paredes. Gomero señala que la ley de ampliación de moratoria permite la investigación, pero solo en confinamiento, y que en el reglamento incorporaron que estas investigaciones se hagan, además, en campos experimentales (campo abierto).
“Diferentes autoridades académicas rechazamos esta acción porque representa un riesgo de ingreso de contaminación genética en las regiones donde se desarrollen, no hay garantía que impida la fuga”, sostuvo.
Asimismo, demandan una intervención más comprometida del Estado para regular su ingreso por la frontera, algo que, relativamente, ya ocurre, aunque en menor volumen, informó el diario La República.
Independencia agraria
Según Flora Luna, asesora científica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), el riesgo de otro reglamento congelado se acrecienta debido a que el Minam no cuenta con un poder vinculante para fiscalizar el correcto trabajo de sus pares de Salud y Agricultura.
“Desde 1999 está la Ley 27104 de prevención de riesgos de la biotecnología. En el 2002 salió su reglamento, y el Viceministerio de Pesquería, el INIA y Digesa tenían que hacer su propio reglamento interno sectorial de bioseguridad para efectuar los controles de acuerdo a lo que le tocaba a cada ministerio. Estamos 2021 y no tenemos ninguno”, dijo la doctora a La República.
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