Transgénicos: UNALM expresa preocupación por proyecto del Reglamento

Los profesores de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM) emitieron un comunicado expresando su preocupación con diversos puntos del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) o transgénicos al territorio peruano. Además, solicitaron al Ministerio del Ambiente (Minam) ampliar el plazo para dar aportes a dicha iniciativa. El comunicado señala lo siguiente:

“Como es de conocimiento público, con fecha 6 de enero del presente año el Congreso de la República aprobó la LEY Nº 31111, que renueva, hasta el 31 de diciembre de 2035, la moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente.

La finalidad detrás de la ley actual, y de la anterior LEY Nº 29811 de moratoria, es responder a un amplio consenso entre los productores agrarios, los especialistas en agricultura y medio ambiente y la ciudadanía atenta a los problemas ecológicos, que exigen conservar y promover el uso sostenido de nuestra biodiversidad, reconocer y agregar valor científico al patrimonio biológico y cultural propio de una gran región andino y amazónico como Perú, y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en un mundo de incertidumbre económica y climática.

Nuestro país se caracteriza por ser parte de una región neotropical de origen de muchos cultivos, así como por poseer una grandiosa diversidad biológica, que incluye la agrobiodiversidad, que ha aportado, sigue y continuará aportando a la seguridad alimentaria nacional y global en la medida que se apoye y promueva su uso, manejo y conservación, por lo que abordar las condiciones en que se está llevando a cabo el proceso de consulta pública sobre el nuevo reglamento es una prioridad nacional.

Es poco claro a qué le está llamando proceso de consulta el MINAM, dado que no se observa un llamado abierto y transparente a la participación de especialistas y expertos en el tema, desde el punto de vista genético, ecológico, socioeconómico y cultural, y que esta universidad, como otras casas de estudios, podría aportar. Asimismo, no se ha escuchado de mayores esfuerzos de consulta hacia las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país, principales protagonistas en los sistemas agrícolas de nuestro país, lo cual además requiere mayores plazos para su realización para contar con una amplia participación

Nos ha generado preocupación el relajamiento en el control de ingreso de transgénicos ilegalmente liberados al ambiente en el Bajo Piura y otros puntos del país. Hay múltiples casos para ejemplificar lo anterior, siendo el del maíz, soya y peces ornamentales, algunos de ellos. Particularmente, en este último caso parecería que el ingreso de OVM’s está fuera de control, todo lo cual es de público conocimiento, e indica que algo no está funcionando bien con la prevención, vigilancia y gestión del ingreso de OVMs, incluso aplicando el reglamento anterior. Debido a esto se requiere una amplia y transparente revisión de los avances a los 10 años implementación de la ley 29811, a fin de poder determinar cuáles han sido sus limitaciones, vacíos, deficiencias, etc., que han permitido esta entrada ilegal a nuestro país, y que requieren una rigurosa evaluación a fin de que no se repitan y sean superados en el nuevo Reglamento.

Reconocemos que existe la amenaza de cambios de definiciones que ponen riesgo y contradicen las medidas de bioseguridad vigentes. Uno de estos sería el siguiente: “espacios confinados, para que contemple (ahora, en el nuevo reglamento) también a las áreas o campos experimentales (antes solo invernaderos o laboratorios) que cuenten con medidas de bioseguridad (contención física, química o biológica, o una combinación de ellas) que son establecidas por las autoridades competentes en la materia”; dejando de lado el realizar investigaciones rigurosas previas sobre el entorno natural y socio-cultural, donde se pretende experimentar con estos OVMs.

Sobre la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA), existe una incorporación apresurada, inconveniente y en algunos casos contradictoria de actores que tienen conflictos de interés con la Ley 29811. Figuran dos representantes de universidades elegidos por la Asociación de Universidades Públicas (ASUP), sin conocerse los criterios de selección. Muy grave también es que se pretende incorporar a los representantes de los productores y comercializadores de semillas a través de la Asociación Peruana de Semillas, grupo dentro del cual se encuentran como miembros transnacionales globalmente conocidas como Bayer, Syngenta, entre otros. Estos son ampliamente conocidos por producir y comercializar semillas transgénicas, indicando un claro conflicto de intereses con los propósitos de la Ley en mención.

Tomando en cuenta que, hasta el momento, existe un reglamento de la Ley 29811 vigente hasta noviembre de 2021 (según consta en el texto de este), no se entiende cual es la razón de acelerar el proceso de aprobación de un nuevo reglamento. Estamos viviendo en un momento particularmente crítico como país, no sólo a nivel de la salud (Pandemia), sino en torno a nuestros principios democráticos vulnerados (la corrupción casi generalizada), y en el cual los ritmos de trabajo y respuesta de los diversos actores de diferentes sectores del país se ralentizan al ser otras las prioridades inmediatas a tratar.

Finalmente, a lo largo de 10 años de implementación, poco se ha escuchado en el ámbito académico de la Universidad Nacional Agraria La Molina acerca de los avances, logros, vacíos y retos de la aplicación del Reglamento, lo cual pensamos es resultado de una lamentable ausencia de trabajo sinérgico del Ministerio del Ambiente con esta casa de estudios, a pesar incluso de ser tal, una Universidad Agraria que se constituye en un referente nacional en temas agrarios y sobre conservación de la biodiversidad del país, por lo que esperamos que el MINAM pueda abrir más espacios de interacción para escuchar e interactuar con los docentes e investigadores de las diferentes especialidades, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales.

Todo lo aquí expuesto, y por lo que aún nos falta por conocer, nos lleva a los suscritos a pedir que, con carácter de urgencia, el MINAM amplíe o postergue el inicio del proceso de consulta pública, en aras de la transparencia. La finalidad es lograr un diálogo riguroso en términos científicos (de ciencias naturales y sociales), motivando la discusión y aceptación para con todos los actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Se quiere enriquecer y validar el Reglamento de la Ley de Moratoria, a fin de que logre cumplir con su cometido: el beneficio de todos/as los/las peruanos/as”.

Cabe recordar que el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que hasta el próximo 6 de marzo ha sido ampliado el plazo para que la ciudadanía continúe realizando sus aportes al proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento en cuestión.