Editorial | Biodiversidad y transgénicos no pueden coexistir

Escribe: Enzo Alminagorta

[email protected]

Innegable. El mayor patrimonio natural, renovable y compartible del Perú es su biodiversidad, milenaria base de la producción agraria y la gastronomía más diversificadas del mundo, que no solo exporta alimentos, sino también cultura.

En un contexto global de acelerada erosión genética, no es razonable ni conveniente, ahora ni después, que Perú, un país centro de origen de más de 5,000 especies vegetales endémicas de un universo de 30,000 que prosperan en nuestro territorio, con más de 3,000 variedades de papas nativas, 50 razas de maíz, 20 ecotipos de quinua y decenas de frutos amazónicos (Minam), dé visado a la penetración  de transgénicos, para producción ni consumo, por ser productos creados en laboratorios y que ni las larvas y gusanos quieren comer.

Incluso porque, en un proceso de “simbiosis” perverso, demandan la constante aplicación de glifosato (conocido comercialmente como Roundup), el herbicida más utilizado del mundo, contaminador de alimentos, degradador de suelos, generador de resistencia a malezas y plagas, y responsable de provocar diversos males a la salud y el ecosistema. La OMS reconoce la toxicidad de dicho herbicida, de amplio espectro, calificándolo eufemísticamente como “posible cancerígeno”

Cuando la realidad del país indica que, primero, porque hay pocas tierras cultivadas y muchos agricultores –unos 2.2 millones de familias–, acá prevalece la pequeña propiedad, el minifundio, que asegura y estimula la diversidad, y también garantiza el pan llevar de cada día a nuestra población. Entonces, lo que se necesita  es organizar a esa propiedad para que se tecnifique y produzca por métodos convencionales, no vía transgénesis, incluso para frenar el desvanecimiento, en el tiempo y espacio, de  la reserva de variedades que ostenta el Perú, la despensa alimentaria del mundo.

Ante lo descrito y más, representa un gran suceso que el Pleno del Congreso de la República aprobase –casi por unanimidad, con 104 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones– la ampliación de ley de la Moratoria hasta el 2035, porque constituye la defensa de la biodiversidad, de la producción nacional y de la seguridad alimentaria de nuestra patria frente a las intenciones aviesas de un grupo de empresarios y empresas mercantilistas que querían, moviendo sus hilos políticos desde el Ministerio de Agricultura y Riesgo, introducirnos los transgénicos sabiendo que este era un caballo de Troya para apoderarse de los grandes recursos genéticos de nuestra Nación, además del peligro de deforestación por el hambre de hectáreas en el que se desarrolla la agricultura de transgénicos.

La construcción de falacias no fue ajena al debate en el Pleno Agrario. Las argucias del  titular del Sector, Jorge Montenegro; y parlamentarios –principalmente– de los partidos Morado y Fuerza Popular, que en el voto global disfrazaron su rechazo a la extensión de la moratoria con una abstención, manejaron un discurso al unísono de que la biotecnología es el antídoto al cambio climático, que la moratoria infringe convenios internaciones  y los TLC y limita la investigación. No hay restricción para que los científicos investiguen, por supuesto, en ambientes confinados, como laboratorios. Cabe preguntarse si esta actividad legitima y necesaria, está adecuadamente normada.

Lo concreto –sustento técnico de la Comisión Agraria del Parlamento– es que a nueve años de la primera Moratoria, que expira el 2021, el Ministerio del Ambiente no ha concluido las líneas de base de la diversidad nativa, insumo elemental para la evaluación de riesgo ante posibles liberaciones de Organismos Vivos Modificados (OVM). En infraestructura, contamos con un solo laboratorio acreditado para evaluar OVM, una especie de “monopolio” que imposibilita la validación, por ejemplo, mediante contra-muestra. Peor aún, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) está facultado por ley para investigar y a la vez regular los OVM, por lo tanto, tiene serios conflictos de interés al ser juez y parte del mismo proceso.

Además, poco se sabe del nivel de cumplimiento del rol que la ley N° 29811 (Art. 8) le asigna al Concytec en cuanto a apoyar la construcción de capacidades en biotecnología, pero sobre todo en bioseguridad. En resumen, los protocolos de bioseguridad actuales son frágiles.

Otro hecho que refleja la endeble capacidad de control de OVM es que las autoridades competentes no hagan nada efectivo para erradicar –en el marco legal de la Moratoria vigente– los maíces transgénicos que se cultivan, desde hace una década, en el Bajo Piura. En esta línea, no es difícil inferir la precariedad regulatoria en un escenario de apertura, competencia y penetración de semillas transgénicas por empresas comercializadoras, anticipa el biólogo Santiago Pastor, investigador en biodiversidad y recursos genéticos.

En efecto, corresponde al Gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, demostrando  voluntad y juicio político, promulgar la Moratoria a los transgénicos, considerando la opinión del grueso de los peruanos, entre ellos unánimemente los agricultores; salvo quiera culminar su gestión cargando con el oprobio de haberla vetado, coludido con intereses subalternos, y con el rótulo de presidente antinacional y antiagrario.