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Según el INEI, cuatro millones de personas pasan hambre, por lo que existe el riesgo de retroceder en los avances alcanzados en la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia.
La iniciativa Por la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Perusan) emitió el pronunciamiento ‘Seguridad Alimentaria y Nutricional para todos y todas: reto de gobernabilidad’ en el que hace un llamado a las autoridades de todos los poderes del Estado a luchar contra el hambre que afecta a cuatro millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales.
“Se debe priorizar los intereses del país, aplicando políticas públicas que aseguren la adecuada alimentación y nutrición de la población, en especial de aquella en situación de mayor vulnerabilidad como las niñas, los niños, mujeres gestantes, la población en situación de pobreza, los desempleados, personas con tuberculosis, VIH, personas con discapacidad entre otros”, precisa el comunicado.
De acuerdo con las cifras oficiales del INEI, cuatro millones de personas pasan hambre, por lo que existe el riesgo de retroceder en los avances alcanzados en la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia y se ha incrementado el sobrepeso y la obesidad, afectando el desarrollo, la salud y el bienestar de la población.
Por ello, indica, se requiere garantizar la disponibilidad y el acceso a una mayor diversidad de alimentos naturales, inocuos y suficientes para todos los grupos poblacionales, desalentando, al mismo tiempo, el consumo y publicidad de alimentos ultra-procesados y la publicidad de los sucedáneos de la leche materna.
Ante este panorama, añade Perusan, es necesario promover la agricultura familiar y la pesca artesanal, cuyos productos deben incorporarse cada vez más a los mercados regionales, así como contar con una adecuada atención de salud y nutrición, una masiva educación nutricional, garantizar el empleo digno y medidas efectivas de protección social a los más vulnerables.
El comunicado señala que las medidas planteadas necesitan de políticas efectivas y sostenibles que cuenten con un presupuesto público suficiente y descentralizado, así como el fortalecimiento de equipos técnicos especializados, y mecanismos firmes de fiscalización del Estado y una participación activa y vigilante de la sociedad civil.
En el comunicado se hace un llamado para que en el trabajo de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional participen el Estado, la sociedad civil, la empresa privada y la academia.
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