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  • viernes 22 de noviembre del 2024

Conveagro: Plan de Emergencia Agrario «no resuelve los problemas de los agricultores»

Para el gremio agrario los poderes Ejecutivo y Legislativo no reaccionan a la crisis alimentaria en latencia.

11 de abril del 2022

Enfrentamos una creciente crisis generada los últimos meses por el aumento de los precios de los alimentos, de los combustibles y de los fertilizantes, que ahora ya ni siquiera están disponibles en el mercado internacional, lo cual implica una menor capacidad de siembra y de rendimientos de las producciones de nuestros pequeños productores de Agricultura Familiar, ha señalado a través de un comunicado la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

Según el gremio agrario, existe un riesgo evidente de menor disponibilidad y oferta de alimentos de primera necesidad en los próximos meses, junto al progresivo incremento de los costos de los alimentos de la canasta básica por la crisis internacional, alguno de los cuales podrían seguir subiendo en el futuro si el país no garantiza la producción nacional suficiente para autoabastecernos. La FAO ya advierte sobre el riesgo de una crisis alimentaria en América Latina como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ante esta situación, el gobierno a través del Midagri y por insistencia de los gremios agrarios declaró la emergencia del sector agrario, reconociendo con ello la enorme problemática por la que atraviesa el sector y concretamente los pequeños productores que alimentan al país con sus productos. Si bien la medida es pertinente, requiere, por su carácter de emergencia, abordar los principales problemas de manera inmediata y disponer los recursos necesarios. Sin embargo, este 8 de abril se aprueba un plan de emergencia que dentro de las medidas no contempla prácticamente ninguna medida que pueda considerarse de emergencia agraria, ante lo cual Conveagro manifiesta lo siguiente:

  • En la Resolución Ministerial N° 0140-2022-MIDAGRI que publica el plan de urgencia, se vuelven a plantear las mismas medidas y líneas de acción de la política de gobierno y de los lineamientos de la IIRA, que ya estaban en los planes del Midagri y que vienen implementando actualmente. No hay prácticamente ninguna medida nueva y concreta dentro de las 39 medidas referidas a la emergencia, que dispersan todavía más los recursos que se deben concentrar en el problema de emergencia. Muy por el contrario, se incluyen medidas innecesarias e incoherentes que provienen de la propuesta de ley de segunda reforma agraria del actual ministro cuando era congresista, como la medida 29, medida extraordinaria que otorgan incentivos tributarios, premiando la asociatividad entre pequeños y grandes productores agrarios, vale decir medidas a pedido de lo que el ministro llama beneficios para los “hermanitos agroexportadores”. Pensamos que en este momento no hay ninguna emergencia en el negocio de la agroexportación y que no contribuye a la canasta básica, como para pretender cometer tal despropósito. Sin embargo, resulta inaudito que se excluyan medidas que tendrían efecto inmediato en la economía de los agricultores familiares como la compra pública masiva de alimentos de la Agricultura familiar vinculada al abastecimiento de ollas comunes o comedores populares.
  • El detalle del plan de emergencia aprobado no responde a la necesidad y gravedad de la situación y ni siquiera a la finalidad que plantea, reorientar las intervenciones y/o servicios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con la finalidad de generar prioritariamente las condiciones necesarias para la continuación de las actividades productivas agropecuarias, que contribuyan al abastecimiento de alimentos agrarios en el mercado nacional contrarrestando la amenaza a la seguridad alimentaria del país. La necesidad de urgencia no requiere solo reorientar, sino incrementar significativamente los recursos. Sin embargo, este plan y sus medidas no cuenta con presupuesto adicional, no tienen plazo de implementación con carácter de urgencia y las actividades que plantea, en su mayoría, son de mediano y largo plazo. Estas medidas propuestas no se concentran ni influyen directamente sobre la problemática actual ni son de carácter inmediato. La emergencia que tenemos ya no es solo del agro, es una emergencia de seguridad alimentaria nacional.
  • En conclusión, este plan aprobado no resuelve los problemas de emergencia de los pequeños productores, no garantiza la continuidad inmediata de las actividades productivas y por tanto el abastecimiento de alimentos al mercado nacional el corto y medio plazo. Una vez más resulta irresponsable de parte del ministerio, que una emergencia de esta envergadura, la cual ya ha generado protestas y paros y que puede agravarse si no se dan alternativas de solución concretas, se aborde con semejante ligereza y falta de criterio.
  • Queremos alertar a toda la sociedad del grave riesgo y problemática que ya estamos sufriendo y que no se va a poder atender en la dimensión que se necesita y requiere con este mal llamado “plan de emergencia”. Estamos ante un problema de carácter nacional y llamamos a la responsabilidad nacional y al sentido de Estado de todos los actores con obligación y responsabilidad en plantear soluciones, en concreto al poder legislativo y ejecutivo y también a los gobiernos regionales y locales, para que aborden esta problemática lo antes posible con la importancia y urgencia que se requiere.
  • Un plan de emergencia para el problema al que nos enfrentamos, que está relacionado con la seguridad alimentaria del país, requiere de una intervención multisectorial de emergencia, que incluya a los gobiernos regionales y locales, y que cuente con recursos suficientes extraordinarios, acciones concretas, inmediatas y dirigidas a resolver las problemáticas más relevantes que pueden poner en riesgo la producción de alimentos y el abastecimiento nacional en corto plazo. El tiempo es fundamental en estas situaciones, por lo que exhortamos a que se planteen lo antes posible las acciones más adecuadas y oportunas en la dimensión que requiere la gravedad de la situación, para enfrentar esta crisis sin precedentes que amenaza a la población y la estabilidad política nacional y mitigar en lo posible sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables en las ciudades y en el campo.

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