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El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación de la Política Nacional de Acuicultura (PNA) al 2030, que busca fortalecer la competitividad e incrementar la inversión de la cadena de valor de la acuicultura, aumentando la capacidad de investigación, desarrollo e innovación y fortaleciendo la sostenibilidad de la acuicultura consolidando la participación de las empresas ligadas a este sector.
Con la aprobación del Decreto Supremo N°001-2023-PRODUCE publicado el 30 de enero en las Normas Legales del diario El Peruano, se espera canalizar una alternativa alimentaria viable pasando de un modelo extractivo a un modelo de cultivo, en beneficio de la población.
Solo en el 2021 la acuicultura generó una producción total de 144 200 toneladas, por lo que la publicación de PNA busca revertir uno de los principales problemas que afronta esta actividad económica que es la limitada competitividad de su cadena de valor.
El PNA busca que al año 2030 la acuicultura peruana incremente el valor de sus ventas totales en más de 100%, aumentando su porcentaje de participación en la producción acuícola de América Latina y El Caribe en más de un 50%, convirtiendo al Perú en el 5to productor acuícola de la región.
Asimismo, busca incrementar el número de unidades productivas acuícolas en más del 70 %, superando las 21 mil unidades y fortaleciendo sus capacidades productivas. De esta manera, se busca consolidar el crecimiento de empleos generados para pasar a 140 mil puestos de trabajo directos e indirectos.
La rectoría de la Política Nacional de Acuicultura, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, está a cargo del Ministerio de la Producción que tiene las facultades de conducción, coordinación, regulación, supervisión y evaluación respecto a las entidades públicas del ámbito nacional y regional con responsabilidad en la prestación de los servicios y actividades operativas comprendidos en ella.
El PNA fue elaborado por la Dirección General de Acuicultura del Viceministerio de Pesca y Acuicultura con apoyo y consulta de organismos públicos, gobiernos regionales, sector privado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros usuarios.
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