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La Convención Nacional del Agro Peruano solicitó que se desestime el proyecto de Ley N° 658/2021, llamada Ley de II Reforma Agraria, debido a que no responde a las demandas de los gremios agrarios e incluso supone un riesgo para los objetivos iniciales de dicha reforma.
A través de un comunicado, el gremio señaló que la propuesta de proyecto de ley responde a una iniciativa personal del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, en su figura de congresista de la República, que no tiene ninguna relación y articulación coherente y consecuente con los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Castillo Terrones con los gremios agrarios en la presentación de la segunda reforma agraria el día 3 de octubre en la ciudad de Cusco.
“Esa ley no se corresponde con la política y lineamientos del gobierno para la segunda reforma agraria y por tanto no puede ser parte de la misma”, señala la misiva.
Agrega que no hubo un consenso con los gremios agrarios del país para legitimar y hacer viable socialmente las medidas adoptadas por el gobierno, por lo que calificó que la Segunda Reforma Agraria resulta ser “más de lo mismo”. Además, indica que el titular del Midagri tiene “un claro sesgo agroexportador”.
“La propuesta de ley de segunda reforma agraria que propuso el señor ministro en su figura de congresista, se fundamenta en consolidar el modelo actual, desigual y discriminatorio para los pequeños productores; para seguir manteniendo y ampliando los privilegios para los grandes intereses empresariales, favoreciendo a los grandes latifundios y la concentración de tierras, poniendo en riesgo los derechos colectivos de los pueblos indígena y originarios y priorizando de nuevo los servicios y recursos del estado hacia estas grandes empresas, manteniendo la exclusión de la Agricultura Familiar de las políticas públicas”, señala el gremio.
En ese sentido, Conveagro exhorta al ministro Zea a convocar a todas las organizaciones agrarias para discutir los temas de fondo correspondientes.
“Propone una reforma de leyes de forma que implica a muchos otros sectores, con posibles consecuencias negativas en el acceso a derechos de terceros, siendo inviable y probablemente inconstitucional”, puntualiza el gremio.
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