

Una presunta usurpación de terrenos ha provocado enfrentamientos desde el 2019 entre comuneros y trabajadores de la propiedad de Bosques Silvestres S.A.C., ubicada en la zona frontera de Ucayali y Huánuco.
El caso, actualmente judicializado, causa un gran desentendimiento ante la falta de pronunciamiento de los gobiernos regionales, las entidades competentes a resolver el conflicto por la vía administrativa.
La compañía que pertenece al grupo Refinca Holding S.A.C. tiene miles de hectáreas que son utilizadas para la siembra de eucaliptos desde el 2018, cuando hicieron la compra al señor Ciro Apéstegui, pero el terreno es reclamado por pobladores al denunciar que los empresarios los invadieron.
Las consecuencias van desde incendios de campamentos de la compañía hasta secuestro de los trabajadores, así como pobladores manifestantes que habrían sido heridos de bala.
Los agricultores que demandan a la empresa señalan que los terrenos les pertenecen desde hace 40 años y que los concesionarios los invadieron.
El pasado 13 de diciembre, 150 personas que serían pobladores de Campo Verde (Ucayali) y Honoria (Huánuco) intentaron desalojar a los trabajadores. Según Correo, se reportaron dos pobladores heridos de bala.
El medio Ímpetu difundió que el 15 de diciembre los ciudadanos bloquearon la carretera Campoverde-Tournavista, una de las entradas para la empresa, y pidieron la intervención del Estado. Denuncian que existe corrupción a favor de la empresa.
Refinca responde
Rivera enfatiza que la compra fue ejecutada de acuerdo a ley. Indica que el Ejecutivo precisó que la entidad competente a resolver el caso es el gobierno regional, por lo que esperan que estos se pronuncien sobre la resolución del Ministerio de Agricultura que se opone. Señala que quienes reclaman no habitan en el lugar y que son engañados por falsos ronderos que buscan seguir con las mafias orquestadas en las regiones: “Es el resultado de toda la corrupción que se implantó en Ucayali y Huánuco”.
Además, anuncia que, ante la inacción de las distintas autoridades, presentarán una denuncia en contra del Estado, informó el diario La República.
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