

Gremios agropecuarios han expresado su preocupación por el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM, el cual dispone que, a partir del 10 de diciembre, los trabajadores que no hayan completado su esquema de vacunación, no podrán ingresar a laborar a sus centros de trabajo de manera presencial. Aseguran que se pone en riesgo de pérdida más de 100,000 empleos en el sector.
A través de un comunicado, indicaron que esta norma perjudica directamente a los trabajadores agropecuarios que no han completado sus vacunas y a los que por diferentes motivos no desean vacunarse, considerando que la Sunafil ha señalado en el Informe 0122-2021-MTPE/2/15.2 basado en la ley Nº 31091, que los trabajadores no están obligados a vacunarse.
Detallaron que no se ha considerado que la agricultura es una actividad esencial, que no puede hacerse de manera remota y que los trabajadores del sector formal trabajan al aire libre y/o en plantas de procesamiento que cuentan con certificaciones internacionales de alta exigencia, con comités de seguridad y salud en el trabajo conformados por representantes de los trabajadores y empleadores; situación que puede ser constatada por entidades de supervisión, como la Sunafil y otras.
Además, agregan que la mayoría de los más de 4 millones de peruanos que trabajan en el sector agropecuario y que durante toda la pandemia nunca dejaron de trabajar, sosteniendo el ingreso de sus familias, sustentando la alimentación de todos los peruanos y abasteciendo el mercado nacional e internacional, no quieren dejar de hacerlo.
“Consideramos que, al no haberse considerado la calidad de esencial del sector agropecuario, debe reconsiderarse la medida que perjudica directamente a más de 100,000 trabajadores formales y sus familias”, señala el comunicado.
En ese sentido, exhortan a las autoridades de los ministerios de Salud y Trabajo a emitir urgente la norma que exceptúe a la actividad agropecuaria de la exigencia de acreditar el esquema completo de vacunación contra la Covid-19 en el ámbito de trabajo y evitar así pérdidas de empleo, mayor informalidad y convulsión social.
También requieren que las autoridades del Minsa dispongan la realización de campañas directamente en los campos y centros de trabajo, dando la mayor de las facilidades a los trabajadoras y trabajadores que deseen vacunarse.
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