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  • sábado 20 de abril del 2024

Transgénicos: solicitan extender a 120 días el plazo de consulta pública sobre Reglamento

La Comisión Regional Sobre Agrobiodiversidad y Defensa del Patrimonio Biocultural de la Región Cusco criticó que el Reglamento intente incluir la representación de las corporaciones transnacionales de semillas a la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA).

23 de febrero del 2021

La Comisión Regional Sobre Agrobiodiversidad y Defensa del Patrimonio Biocultural de la Región Cusco exige al Estado extender el plazo a 120 días, para la consulta pública para la actualización del Reglamento de la Ley N° 31111, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM), conocidos como transgénicos, al territorio nacional por un período de 15 años.

A través de un comunicado, la Comisión señaló que el plazo de 10 días que dio el gobierno “es insuficiente para una legitima consulta pública, especialmente cuando esta afecta los derechos de los pueblos indígenas y pequeños agricultores del país que proveen más del 75% de la alimentación del Perú”.

Además, enfatizó que mira “con gran preocupación la exclusión de los pueblos indígenas y pequeños agricultores andinos y amazónicos de la consulta a este Reglamento, el cual está vinculado directamente a sus derechos”.

Asimismo, criticó que el Reglamento intente incluir la representación de las corporaciones transnacionales de semillas a la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA).

Igualmente, aseguró que minimiza el rol que tienen los gobiernos regionales en la construcción de un sistema nacional de bioseguridad, “relegándolos al rol de transmitir información a las autoridades nacionales”.

Según la comisión, el Reglamento también avanza un sistema de vigilancia y monitoreo de OVM enfocado en las zonas de producción comercial, los centros de diversidad y las zonas de agrobiodiversidad sin tener claridad sobre la vigilancia de OVM en las otras áreas (la gran parte del país) que no entran en esta categoría.

Finalmente, asegura que la propuesta “demuestra una tensión entre la promoción de un sistema de bioseguridad y la promoción de la biotecnología moderna” y “carece de claridad sobre el concepto de los aspectos socioeconómicos y culturales”, por lo que “se debe de incluir de modo efectivo a los pueblos indígenas y pequeños agricultores en toda consulta relacionada a la implementación de esta norma”.


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